[top][carousel][6]

lunes, noviembre 06, 2017

Exposición "Nosotras, nuestras manos" en Barquisimeto

4:03 p.m.



Con la finalidad de resaltar el tejido como saber ancestral y la integración con las etnias Warao, Wayúu y Ye’kwana, Fundación Tierra Viva inauguró el pasado 11 de octubre, la exposición “Nosotras, nuestras manos”, en el marco del Proyecto Mujer Indígena Emprendedora, financiado por la Unión Europea y en alianza con la Galería de Arte Villalon y el Club Ítalo Venezolano.

La exposición se llevó a cabo en el Salón Giotto del Club Ítalo Venezolano, ubicado en la urbanización La Floresta, Barquisimeto, donde fueron expuestas algunas fotografías de Vanessa Alcaíno, Pedro Bolívar, Humberto Trejo y Carlos Duarte, también varias piezas artesanales y material audiovisual. 





Soliria Menegatti, gerente de Proyectos Especiales de Fundación Tierra Viva comentó que “la exposición Nosotras, nuestras manos, compone uno de los objetivos estratégicos del proyecto Mujer Indígena Emprendedora, como lo es mostrar aspectos relevantes de los pueblos Warao, Wayúu y Ye’kwana, y la función que dentro de esas culturas cumple la mujer artesana, quien es proveedora importante de bienes para su familia.




La exposición también muestra los diferentes estilos de vida de los pueblos Wayuú, Warao y Ye'kwana, donde se aprecia un poco de la historia de cada uno de ellos.

¿De que se trata el Proyecto Mujer Indígena Emprendedora?

El Proyecto Mujer Indígena Emprendedora comenzó en Agosto 2010 donde la Fundación Tierra Viva con el financiamiento de la Unión Europea que integra a las artesanas de las etnias Wayuú, Warao y Ye'kwana, de los estados Delta Amacuro, Bolívar y Zulia respectivamente. EL proyecto tiene tres líneas de trabajo: un proceso de capacitación para implementar piezas innovadoras o para mejorar aspectos relacionados con la calidad, empaques, acopio, sustentabilidad de las fibras; la implementación de estrategias de mercadeo y canales de comercialización que respondan a criterios de comercio justo, y como eje transversal, la promoción de la cultura de los pueblos indígenas involucrados.

El proyecto Mujer Indígena Emprendedora, tiene entre sus objetivos la valoración de la cultura de las etnias Warao, Wayúu y Ye’kwana, así como el apoyo en los procesos de comercialización y mercadeo que contribuyan a mejorar los ingresos económicos de las artesanas y su familia como parte de la estrategia para la mejora de su calidad de vida.


La exposición estará abierta al público hasta el próximo 12 de noviembre con entrada libre. Los días 24, 25 y 26 de octubre, las propias artesanas indígenas ofrecieron visitas guiadas dirigidas a colegios. Igualmente, en el marco de la exposición, se realizó una feria de artesanía indígena en el C.C. Sambil Barquisimeto, del 26 al 28 de octubre.



Esta exposición además de mostrar el trabajo de las manos artesanas, también ayuda a concientizar al público sobre la vida de los pueblos en la actualidad y las adversidades que deben enfrentar hoy en día, como por ejemplo los drásticos cambios culturares inducidos por la sociedad envolvente, el trabajo asalariado mal remunerado, la mendicidad y el abandono de los medios tradicionales de subsistencia.


Por supuesto en apoyo a los amigos de Fundación Tierra, Phynatura estuvo presente en la inauguración y en la Feria Artesanal, documentando la exposición.

miércoles, octubre 04, 2017

jueves, septiembre 14, 2017

EL ARCO MINERO DEL ORINOCO Y SU POLÉMICA CONTROVERSIAL

5:08 p.m.


Venezuela, uno de los países latinoamericanos con importantes potencialidades en toda la región a nivel de sostenibilidad en turismo, agricultura y forestería, insiste su gobierno en el modelo económico rentista extractivista sin evaluar los graves impactos ambientales y socioculturales que genera tal modelo para el desarrollo humano.

En febrero de 2016 fue aprobado por parte del Ejecutivo Nacional el Decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855) denominado “Arco Minero del Orinoco”, definido como un plan de inversión para la explotación de minerales acumulados en diversos ecosistemas perfectamente variados en los Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, resultando particularmente en un proyecto megaminero y ecocida, destinado a la destrucción del patrimonio natural de la nación, representado por sus parques nacionales, reservas forestales y monumentos naturales. Éste Arco Minero se cuantifica en 111.843,70 kilómetros cuadrados, 12.2% del territorio nacional, es decir, mayor al espacio geográfico de países como Panamá, Cuba, Portugal o Bulgaria, con un plan de inversión que involucra a más de 150 empresas de 35 países.

La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en enero de 2016 y la denominada “Masacre de Tumeremo” denunciada a inicios de marzo del mismo año, son dos hechos aparentemente inconexos que parecen converger en el Decreto N° 2.248. El primero autoriza una empresa nueva, militar, a ejercer la minería en el sur del país junto a la estatal Minerven. Del resto, toda minería se asume como ilegal, aunque esto no ha impedido una situación de facto estos últimos años en el Arco Minero. Una situación en la que se han visto implicados cabecillas de distintos centros penitenciarios del país, dentro del argot venezolano conocidos como “Pranes” y el aval de estos por las Fuerzas Armadas y la Gobernación del estado Bolívar.

Las repercusiones de estos actos pueden verse en países como Brasil, Ecuador y Perú, pertenecientes a la Amazonia, donde son comunes altas tasas de deforestación, fuertes remociones de suelos, colmatación de cauces, sedimentación de ríos y otros cuerpos de aguas, contaminación mercurial y derrames de cianuro, con razones para asomar riesgos que pueden padecer la población y los ecosistemas venezolanos.

Por ello, se considera al proyecto como una grave violación a los derechos humanos consagrados de forma fundamental en el Titulo III: De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Capítulos VIII y IX, así como también en leyes orgánicas que enmarcan el cumplimiento de normas y preceptos especiales, establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.

El Decreto del Arco Minero del Orinoco trae consigo una autorización por para la explotación de una importante extensión de territorio, entrando a un modelo rentista minero que es muchísimo peor que el rentista petrolero, pues no hay forma de minería en el mundo que no sea nociva y perjudicial para el medio ambiente, por tal motivo, numerosos grupos ambientalistas, personalidades de la sociedad civil, académicos y políticos han alzado su voz en contra del Decreto, alegando que estas prácticas extractivistas sólo traerán consigo graves consecuencias ambientales y sociales, con daños irreversibles para la vida nacional.

En base a los principios de Universalidad, Responsabilidad, Indivisibilidad y Participación regentes de los Derechos Humanos y los fines comunes perseguidos, el proyecto resulta insostenible debido al carácter ilegal que este posee, considerándose un Decreto inmediatista.

RONALD A, GUEDEZ SILVA.
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS.





miércoles, agosto 09, 2017

QUIZ ¿Puedes reconocer estos pueblos indígenas de Venezuela?

2:07 p.m.


 
También te invitamos a leer la Declaración de la Alta Representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto de 2017)

Hace diez años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), que establece un marco para los derechos, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas.

Desde entonces se ha producido un reconocimiento y comprensión crecientes de los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas. Estas tendencias positivas se han visto reforzadas por el aumento de la cooperación y las asociaciones entre los países, la sociedad civil y los pueblos indígenas. Tales asociaciones se han beneficiado del hecho de que los pueblos indígenas están defendiendo sus derechos, para poner fin a todas las formas de discriminación y protestar contra las violaciones y los abusos de los derechos humanos.

Aunque solo constituyan menos del cinco por ciento de la población mundial, los pueblos indígenas suman el quince por ciento de los más pobres en todo el mundo y son a menudo las primeras víctimas cuando se degrada la situación de los derechos humanos.

La UE tiene una serie de políticas de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas tal como se reconocen en la DNUDPI, desde los derechos humanos hasta el desarrollo y los instrumentos de financiación. La cooperación bilateral de la UE con muchos países hace gran hincapié en la participación de los pueblos indígenas a nivel local y nacional en los países en los que residen. La UE también está tomando medidas para combatir la violencia contra los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, especialmente cuando protegen las tierras y los recursos naturales. A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE presta apoyo a los defensores de los derechos humanos indígenas en peligro para evitar que sufran daño.

Este compromiso de prevención y protección frente a las amenazas y la violencia se reiteró en las Conclusiones del Consejo de la UE sobre los pueblos indígenas, adoptadas el 15 de mayo de este año.

La UE seguirá apoyando a los pueblos indígenas en su lucha contra la discriminación y la desigualdad. Esta es la razón por la que la UE también está profundamente comprometida con la inclusión de los pueblos indígenas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que aplicaremos un enfoque del desarrollo basado en los derechos y que abarque todos los derechos humanos, a fin de que nadie quede excluido. La contribución de la UE a ello se regirá por el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo.

La UE desea proseguir nuestro diálogo con los pueblos indígenas a todos los niveles de la cooperación de la UE a fin de aumentar al máximo el efecto de nuestras actuaciones. Colaboraremos con todos los socios, empezando por los propios pueblos indígenas, para velar por que los compromisos de la comunidad internacional en materia de DNUDPI se mantengan durante los próximos años.
Catherine Ray
Portavoz principal del SEAE
+32 22969921
+32 498969921

Maja Kocijančič
Portavoz del SEAE
+32 22986570
+32 498984425




viernes, julio 21, 2017

Conservation Stewards Program - Acuerdos de Conservación para proteger el Medio Ambiente

3:11 p.m.
CPS trabaja con diferentes comunidades para mantener los recursos que provee el ecosistema y del que éstas comunidades se benefician de manera sustentable, permitiendo así  que las personas se conviertan en protectores de estos recursos naturales.

Esos acuerdos pueden vincular actores del sector privado y comunidades locales que trabajen en pos de proteger la biodiversidad y promover una gestión sostenible de los recursos naturales, a cambio de una ayuda para compensar los costos de ese cambio.

El pasado 25 de Junio, Phynatura estuvo presente en La Paz, Bolivia, en el  Taller Internacional de Intercambio de Experiencias y Aprendizajes sobre Acuerdos de Conservación y Pueblos Indígenas de la Amazonia, que busca proporcionar un espacio de intercambio de conocimientos con base en experiencias prácticas del trabajo en Acuerdos de Conservación (A.C.) y pueblos indígenas que diferentes Programas de Conservación Internacional vienen desarrollando en varios países de la región amazónica. 
 



El objetivo del Taller fue compartir experiencias y aprendizajes generados por el trabajo que Conservación Internacional realiza con diferentes pueblos indígenas y con sus representaciones tomando en cuenta la gestión territorial. Adicionalmente se buscará generar insumos para mejorar las metodologías y el enfoque general de los Acuerdos de Conservación.

En representación de la Comunidad La Colonial, estuvo Tulio García, compartiendo la experiencia con otros 8 países.


Seguimos creciendo con experiencias que enriquecen nuestra labor y nuestros proyectos en el Caura de Venezuela.

miércoles, junio 14, 2017

martes, junio 13, 2017

61 Organizaciones de Sociedad Civil venezolana instan a sus pares en la región a defender la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Venezuela

12:45 p.m.
61 Organizaciones de Sociedad Civil venezolana instan a sus pares en la región a defender la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Venezuela


La organizaciones de sociedad civil venezolana que suscribimos este documento instamos a nuestras pares de América Latina y el Caribe a alzar su voz en defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. La ruptura del orden constitucional, a través de fallos dictados a finales de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como la represión contra manifestaciones pacíficas y la decisión del presidente Nicolás Maduro de imponer la convocatoria fraudulenta de una Asamblea Constituyente, violando garantías constitucionales, lesionan los principios democráticos, implican graves regresiones en materia de derechos humanos y atentan contra la paz de la República.

Todas las exigencias que ha planteado un vasto sector de la sociedad civil venezolana al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ajustan a la Constitución vigente. Las demandas en cuestión se centran en cinco puntos: 1) Publicación de un cronograma electoral y activar los mecanismos legales que permitirían el adelanto de los comicios presidenciales; 2) liberación de presos políticos y fin de las inhabilitaciones políticas; 3) respeto a la Constitución y al parlamento venezolano; 4) establecimiento de un canal humanitario que permita mitigar la escasez de alimentos y medicinas que hoy sufren los venezolanos; y 5) desarmar a las bandas paramilitares que actúan bajo las órdenes del Gobierno.

La comunidad internacional promueve la instalación de un proceso de negociación para superar la crisis que hoy padece Venezuela. Las organizaciones autónomas de sociedad civil venezolana creen firmemente en el diálogo, pero consideran necesario que se fijen plazos, agenda y reglas claras para que este esfuerzo arroje frutos y no desemboque en una nueva frustración que eche más leña al fuego de la violencia.

En Venezuela, los intentos de diálogo no son una novedad. Al contrario, ya se han registrado al menos tres procesos, todos con el mismo resultado: un fracaso que solo ha servido para aumentar la tensión política y ha impedido avanzar en la solución de problemas graves que afectan a la mayoría de la población venezolana, como el incremento de la pobreza y el costo de la vida, el hambre y la escasez de medicinas y otros productos básicos. A continuación, se citarán esas experiencias para alertar a organizaciones de sociedad civil regionales, con el fin de evitar que se incurra en los mismos errores del pasado.

Entre 2002 y 2003 se desarrolló la llamada “Mesa de negociación y acuerdos”, con la facilitación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Salvo el punto referido al referendo revocatorio, que terminó realizándose el 15 de agosto de 2004 y donde resultó ganador el difunto presidente Hugo Chávez, ninguno de los pactos firmados en esa mesa se respetó. Allí figuraban: 1) Designación de un árbitro electoral confiable; 2) la creación de una “Comisión de la Verdad” sobre los sucesos de abril de 2002; 3) la implementación de una “vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil”; 4) impedir que los cuerpos de seguridad sean utilizados como “instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política”; 5) dejar la conducción de los cuerpos policiales en manos de autoridades civiles; 6) la consolidación del pluralismo político; y 7) equidad e imparcialidad en los medios de comunicación públicos.

Si esos puntos se hubieran cumplido, hoy Venezuela no estaría sumida en esta crisis política, social y económica que amerita la ayuda urgente de toda la región. De hecho, 14 años después, la sociedad civil venezolana sigue reivindicando esas mismas demandas, además de respuestas a las demandas sociales de la población

Entre abril y mayo de 2014 se ensayó otro proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición política, con la facilitación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) representada por los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador, y el nuncio apostólico acreditado en Caracas. La negativa del Gobierno a avanzar en temas como la liberación de los presos políticos, la instalación de una “comisión de la verdad” para investigar los hechos ocurridos en el marco de las protestas de ese año, y la renovación de los poderes públicos atendiendo a los criterios de equilibrio e imparcialidad, llevó a la oposición a abandonar el diálogo en señal de protesta.

Gobierno y oposición emprendieron otro proceso de diálogo formalmente el 24 de octubre de 2016, con la facilitación de Unasur –representada entonces por su secretario general, Ernesto Samper-­‐ los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el Vaticano. De nuevo, la negativa del Gobierno a cumplir con sus compromisos liquidó la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana. En una carta enviada el 1 de diciembre de

2016 a los representantes de la oposición política venezolana, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su “dolor y preocupación” por el “inquietante retraso” en la adopción de las “medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos”. Todas esas medidas dependían del Ejecutivo para: 1) Enfrentar la escasez de alimentos y medicinas; 2) la publicación del calendario electoral; 3) respeto a la Asamblea Nacional; y 4) “acelerar el proceso de liberación de los detenidos”, calificados como presos políticos por la oposición venezolana. El Gobierno del presidente Maduro respondió a esa carta con ataques e insultos hacia la Santa Sede y el cardenal Parolin, antiguo nuncio apostólico acreditado en Caracas.

Tomando en cuenta estos graves antecedentes

Vulnerando los principios del voto universal, directo y secreto, y sin consultar en referendo al pueblo venezolano, como titular de la soberanía, el presidente Maduro pretende modificar la Constitución para garantizar su permanencia en el poder y poner fin a la república y al “estado democrático y social de derecho y de justicia” en ella consagrado. Distintos voceros del Gobierno han señalado que se instalará la Constituyente para “arrasar” a la oposición, “eliminar” al Parlamento e “imponer la paz”, una paz impuesta por medio de la violencia estatal. “Constituyente o guerra”, ha dicho el presidente Maduro, desconociendo la soberanía del pueblo venezolano y negándole a los ciudadanos el derecho a decidir libremente acerca de las opciones constitucionales que permitirían superar la crisis sin hundir a Venezuela en la violencia.

Ante la amenaza de la disolución de la República, el pueblo de Venezuela requiere de la solidaridad de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, que deben actuar hoy en defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz en Venezuela.

Los cancilleres de todos nuestros países se reunirán en los próximos días en el marco de la OEA, para continuar discutiendo la crisis venezolana y las acciones que permitan una solución pronta, por medios pacíficos y democráticos. Contamos con que los gobiernos de la región, en todos sus espacios de acción política y diplomática, tengan en cuenta el drama que vive el pueblo venezolano, acompañándolo sin dilación en sus luchas por restaurar las libertades democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Junio 2017

Firman:

A.C Consorcio Desarrollo y Justicia, A.C. Escuela de Vecinos La Pastora

A.C. FEVECIPOL Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas

A.C. Phynatura

AC Gente del Petroleo norte de Anzoátegui

Ac. Generación Activa Venezuela

Acceso a la Justicia Acción Solidaria Asamblea de Educación

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C) Asociación Civil Mujeres en Línea

Asociación Civil Uniandes

ASOSABER

Aula Abierta Venezuela

Cedice

Centro de Acción y Defensa por los DDHH

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-­‐UNIMET) Centro de Justicia y Paz-­‐ CEPAZ

Centro para la Paz y los DDHH UCV Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la

Universidad del Zulia

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de

Venezuela-­‐ Capítulo Mérida

Comisión para los Derechos Humanos y la ciudadanía (CODEHCIU) Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos

Convite AC

Derechos Humanos Ya

Escuela de Vecinos de Venezuela

Espacio Público

EXCUBITUS derechos humanos en educación

Fundacion Aguaclara

Fundacion CIIDER

Fundación de Finaniamiento Rural (FUNDEFIR) Fundación EcoJuegos

Fundación Internacional Vida Verde (FUNVIVE)

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes

Humano Derecho Radio Estación

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Politicos -­‐ Invesp

Integración Nacional de Indigenas Originarios (INDIO) La Escuela de Ciudadanos

Laboratorio de Paz Liderazgo y Visión Movimiento A.C. Movimiento SOMOS

Mujeres Venezolanas en Acción

Nueva Esparta en Movimiento A.C

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR) Redes Ayuda

Revista SIC del Centro Gumilla

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Transparencia Venezuela Un Mundo Sin Mordaza Una Ventana a la Libertad

Unión Afirmativa de Venezuela

FOLLOW @ INSTAGRAM

About Us

Recent

Random