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jueves, septiembre 14, 2017

EL ARCO MINERO DEL ORINOCO Y SU POLÉMICA CONTROVERSIAL

5:08 p.m.


Venezuela, uno de los países latinoamericanos con importantes potencialidades en toda la región a nivel de sostenibilidad en turismo, agricultura y forestería, insiste su gobierno en el modelo económico rentista extractivista sin evaluar los graves impactos ambientales y socioculturales que genera tal modelo para el desarrollo humano.

En febrero de 2016 fue aprobado por parte del Ejecutivo Nacional el Decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855) denominado “Arco Minero del Orinoco”, definido como un plan de inversión para la explotación de minerales acumulados en diversos ecosistemas perfectamente variados en los Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, resultando particularmente en un proyecto megaminero y ecocida, destinado a la destrucción del patrimonio natural de la nación, representado por sus parques nacionales, reservas forestales y monumentos naturales. Éste Arco Minero se cuantifica en 111.843,70 kilómetros cuadrados, 12.2% del territorio nacional, es decir, mayor al espacio geográfico de países como Panamá, Cuba, Portugal o Bulgaria, con un plan de inversión que involucra a más de 150 empresas de 35 países.

La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en enero de 2016 y la denominada “Masacre de Tumeremo” denunciada a inicios de marzo del mismo año, son dos hechos aparentemente inconexos que parecen converger en el Decreto N° 2.248. El primero autoriza una empresa nueva, militar, a ejercer la minería en el sur del país junto a la estatal Minerven. Del resto, toda minería se asume como ilegal, aunque esto no ha impedido una situación de facto estos últimos años en el Arco Minero. Una situación en la que se han visto implicados cabecillas de distintos centros penitenciarios del país, dentro del argot venezolano conocidos como “Pranes” y el aval de estos por las Fuerzas Armadas y la Gobernación del estado Bolívar.

Las repercusiones de estos actos pueden verse en países como Brasil, Ecuador y Perú, pertenecientes a la Amazonia, donde son comunes altas tasas de deforestación, fuertes remociones de suelos, colmatación de cauces, sedimentación de ríos y otros cuerpos de aguas, contaminación mercurial y derrames de cianuro, con razones para asomar riesgos que pueden padecer la población y los ecosistemas venezolanos.

Por ello, se considera al proyecto como una grave violación a los derechos humanos consagrados de forma fundamental en el Titulo III: De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Capítulos VIII y IX, así como también en leyes orgánicas que enmarcan el cumplimiento de normas y preceptos especiales, establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.

El Decreto del Arco Minero del Orinoco trae consigo una autorización por para la explotación de una importante extensión de territorio, entrando a un modelo rentista minero que es muchísimo peor que el rentista petrolero, pues no hay forma de minería en el mundo que no sea nociva y perjudicial para el medio ambiente, por tal motivo, numerosos grupos ambientalistas, personalidades de la sociedad civil, académicos y políticos han alzado su voz en contra del Decreto, alegando que estas prácticas extractivistas sólo traerán consigo graves consecuencias ambientales y sociales, con daños irreversibles para la vida nacional.

En base a los principios de Universalidad, Responsabilidad, Indivisibilidad y Participación regentes de los Derechos Humanos y los fines comunes perseguidos, el proyecto resulta insostenible debido al carácter ilegal que este posee, considerándose un Decreto inmediatista.

RONALD A, GUEDEZ SILVA.
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS.





miércoles, agosto 09, 2017

QUIZ ¿Puedes reconocer estos pueblos indígenas de Venezuela?

2:07 p.m.


 
También te invitamos a leer la Declaración de la Alta Representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto de 2017)

Hace diez años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), que establece un marco para los derechos, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas.

Desde entonces se ha producido un reconocimiento y comprensión crecientes de los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas. Estas tendencias positivas se han visto reforzadas por el aumento de la cooperación y las asociaciones entre los países, la sociedad civil y los pueblos indígenas. Tales asociaciones se han beneficiado del hecho de que los pueblos indígenas están defendiendo sus derechos, para poner fin a todas las formas de discriminación y protestar contra las violaciones y los abusos de los derechos humanos.

Aunque solo constituyan menos del cinco por ciento de la población mundial, los pueblos indígenas suman el quince por ciento de los más pobres en todo el mundo y son a menudo las primeras víctimas cuando se degrada la situación de los derechos humanos.

La UE tiene una serie de políticas de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas tal como se reconocen en la DNUDPI, desde los derechos humanos hasta el desarrollo y los instrumentos de financiación. La cooperación bilateral de la UE con muchos países hace gran hincapié en la participación de los pueblos indígenas a nivel local y nacional en los países en los que residen. La UE también está tomando medidas para combatir la violencia contra los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, especialmente cuando protegen las tierras y los recursos naturales. A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE presta apoyo a los defensores de los derechos humanos indígenas en peligro para evitar que sufran daño.

Este compromiso de prevención y protección frente a las amenazas y la violencia se reiteró en las Conclusiones del Consejo de la UE sobre los pueblos indígenas, adoptadas el 15 de mayo de este año.

La UE seguirá apoyando a los pueblos indígenas en su lucha contra la discriminación y la desigualdad. Esta es la razón por la que la UE también está profundamente comprometida con la inclusión de los pueblos indígenas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que aplicaremos un enfoque del desarrollo basado en los derechos y que abarque todos los derechos humanos, a fin de que nadie quede excluido. La contribución de la UE a ello se regirá por el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo.

La UE desea proseguir nuestro diálogo con los pueblos indígenas a todos los niveles de la cooperación de la UE a fin de aumentar al máximo el efecto de nuestras actuaciones. Colaboraremos con todos los socios, empezando por los propios pueblos indígenas, para velar por que los compromisos de la comunidad internacional en materia de DNUDPI se mantengan durante los próximos años.
Catherine Ray
Portavoz principal del SEAE
+32 22969921
+32 498969921

Maja Kocijančič
Portavoz del SEAE
+32 22986570
+32 498984425




viernes, julio 21, 2017

Conservation Stewards Program - Acuerdos de Conservación para proteger el Medio Ambiente

3:11 p.m.
CPS trabaja con diferentes comunidades para mantener los recursos que provee el ecosistema y del que éstas comunidades se benefician de manera sustentable, permitiendo así  que las personas se conviertan en protectores de estos recursos naturales.

Esos acuerdos pueden vincular actores del sector privado y comunidades locales que trabajen en pos de proteger la biodiversidad y promover una gestión sostenible de los recursos naturales, a cambio de una ayuda para compensar los costos de ese cambio.

El pasado 25 de Junio, Phynatura estuvo presente en La Paz, Bolivia, en el  Taller Internacional de Intercambio de Experiencias y Aprendizajes sobre Acuerdos de Conservación y Pueblos Indígenas de la Amazonia, que busca proporcionar un espacio de intercambio de conocimientos con base en experiencias prácticas del trabajo en Acuerdos de Conservación (A.C.) y pueblos indígenas que diferentes Programas de Conservación Internacional vienen desarrollando en varios países de la región amazónica. 
 



El objetivo del Taller fue compartir experiencias y aprendizajes generados por el trabajo que Conservación Internacional realiza con diferentes pueblos indígenas y con sus representaciones tomando en cuenta la gestión territorial. Adicionalmente se buscará generar insumos para mejorar las metodologías y el enfoque general de los Acuerdos de Conservación.

En representación de la Comunidad La Colonial, estuvo Tulio García, compartiendo la experiencia con otros 8 países.


Seguimos creciendo con experiencias que enriquecen nuestra labor y nuestros proyectos en el Caura de Venezuela.

miércoles, junio 14, 2017

martes, junio 13, 2017

61 Organizaciones de Sociedad Civil venezolana instan a sus pares en la región a defender la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Venezuela

12:45 p.m.
61 Organizaciones de Sociedad Civil venezolana instan a sus pares en la región a defender la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Venezuela


La organizaciones de sociedad civil venezolana que suscribimos este documento instamos a nuestras pares de América Latina y el Caribe a alzar su voz en defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. La ruptura del orden constitucional, a través de fallos dictados a finales de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como la represión contra manifestaciones pacíficas y la decisión del presidente Nicolás Maduro de imponer la convocatoria fraudulenta de una Asamblea Constituyente, violando garantías constitucionales, lesionan los principios democráticos, implican graves regresiones en materia de derechos humanos y atentan contra la paz de la República.

Todas las exigencias que ha planteado un vasto sector de la sociedad civil venezolana al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ajustan a la Constitución vigente. Las demandas en cuestión se centran en cinco puntos: 1) Publicación de un cronograma electoral y activar los mecanismos legales que permitirían el adelanto de los comicios presidenciales; 2) liberación de presos políticos y fin de las inhabilitaciones políticas; 3) respeto a la Constitución y al parlamento venezolano; 4) establecimiento de un canal humanitario que permita mitigar la escasez de alimentos y medicinas que hoy sufren los venezolanos; y 5) desarmar a las bandas paramilitares que actúan bajo las órdenes del Gobierno.

La comunidad internacional promueve la instalación de un proceso de negociación para superar la crisis que hoy padece Venezuela. Las organizaciones autónomas de sociedad civil venezolana creen firmemente en el diálogo, pero consideran necesario que se fijen plazos, agenda y reglas claras para que este esfuerzo arroje frutos y no desemboque en una nueva frustración que eche más leña al fuego de la violencia.

En Venezuela, los intentos de diálogo no son una novedad. Al contrario, ya se han registrado al menos tres procesos, todos con el mismo resultado: un fracaso que solo ha servido para aumentar la tensión política y ha impedido avanzar en la solución de problemas graves que afectan a la mayoría de la población venezolana, como el incremento de la pobreza y el costo de la vida, el hambre y la escasez de medicinas y otros productos básicos. A continuación, se citarán esas experiencias para alertar a organizaciones de sociedad civil regionales, con el fin de evitar que se incurra en los mismos errores del pasado.

Entre 2002 y 2003 se desarrolló la llamada “Mesa de negociación y acuerdos”, con la facilitación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Salvo el punto referido al referendo revocatorio, que terminó realizándose el 15 de agosto de 2004 y donde resultó ganador el difunto presidente Hugo Chávez, ninguno de los pactos firmados en esa mesa se respetó. Allí figuraban: 1) Designación de un árbitro electoral confiable; 2) la creación de una “Comisión de la Verdad” sobre los sucesos de abril de 2002; 3) la implementación de una “vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil”; 4) impedir que los cuerpos de seguridad sean utilizados como “instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política”; 5) dejar la conducción de los cuerpos policiales en manos de autoridades civiles; 6) la consolidación del pluralismo político; y 7) equidad e imparcialidad en los medios de comunicación públicos.

Si esos puntos se hubieran cumplido, hoy Venezuela no estaría sumida en esta crisis política, social y económica que amerita la ayuda urgente de toda la región. De hecho, 14 años después, la sociedad civil venezolana sigue reivindicando esas mismas demandas, además de respuestas a las demandas sociales de la población

Entre abril y mayo de 2014 se ensayó otro proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición política, con la facilitación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) representada por los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador, y el nuncio apostólico acreditado en Caracas. La negativa del Gobierno a avanzar en temas como la liberación de los presos políticos, la instalación de una “comisión de la verdad” para investigar los hechos ocurridos en el marco de las protestas de ese año, y la renovación de los poderes públicos atendiendo a los criterios de equilibrio e imparcialidad, llevó a la oposición a abandonar el diálogo en señal de protesta.

Gobierno y oposición emprendieron otro proceso de diálogo formalmente el 24 de octubre de 2016, con la facilitación de Unasur –representada entonces por su secretario general, Ernesto Samper-­‐ los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el Vaticano. De nuevo, la negativa del Gobierno a cumplir con sus compromisos liquidó la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana. En una carta enviada el 1 de diciembre de

2016 a los representantes de la oposición política venezolana, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su “dolor y preocupación” por el “inquietante retraso” en la adopción de las “medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos”. Todas esas medidas dependían del Ejecutivo para: 1) Enfrentar la escasez de alimentos y medicinas; 2) la publicación del calendario electoral; 3) respeto a la Asamblea Nacional; y 4) “acelerar el proceso de liberación de los detenidos”, calificados como presos políticos por la oposición venezolana. El Gobierno del presidente Maduro respondió a esa carta con ataques e insultos hacia la Santa Sede y el cardenal Parolin, antiguo nuncio apostólico acreditado en Caracas.

Tomando en cuenta estos graves antecedentes

Vulnerando los principios del voto universal, directo y secreto, y sin consultar en referendo al pueblo venezolano, como titular de la soberanía, el presidente Maduro pretende modificar la Constitución para garantizar su permanencia en el poder y poner fin a la república y al “estado democrático y social de derecho y de justicia” en ella consagrado. Distintos voceros del Gobierno han señalado que se instalará la Constituyente para “arrasar” a la oposición, “eliminar” al Parlamento e “imponer la paz”, una paz impuesta por medio de la violencia estatal. “Constituyente o guerra”, ha dicho el presidente Maduro, desconociendo la soberanía del pueblo venezolano y negándole a los ciudadanos el derecho a decidir libremente acerca de las opciones constitucionales que permitirían superar la crisis sin hundir a Venezuela en la violencia.

Ante la amenaza de la disolución de la República, el pueblo de Venezuela requiere de la solidaridad de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, que deben actuar hoy en defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz en Venezuela.

Los cancilleres de todos nuestros países se reunirán en los próximos días en el marco de la OEA, para continuar discutiendo la crisis venezolana y las acciones que permitan una solución pronta, por medios pacíficos y democráticos. Contamos con que los gobiernos de la región, en todos sus espacios de acción política y diplomática, tengan en cuenta el drama que vive el pueblo venezolano, acompañándolo sin dilación en sus luchas por restaurar las libertades democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Junio 2017

Firman:

A.C Consorcio Desarrollo y Justicia, A.C. Escuela de Vecinos La Pastora

A.C. FEVECIPOL Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas

A.C. Phynatura

AC Gente del Petroleo norte de Anzoátegui

Ac. Generación Activa Venezuela

Acceso a la Justicia Acción Solidaria Asamblea de Educación

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C) Asociación Civil Mujeres en Línea

Asociación Civil Uniandes

ASOSABER

Aula Abierta Venezuela

Cedice

Centro de Acción y Defensa por los DDHH

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-­‐UNIMET) Centro de Justicia y Paz-­‐ CEPAZ

Centro para la Paz y los DDHH UCV Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la

Universidad del Zulia

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de

Venezuela-­‐ Capítulo Mérida

Comisión para los Derechos Humanos y la ciudadanía (CODEHCIU) Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos

Convite AC

Derechos Humanos Ya

Escuela de Vecinos de Venezuela

Espacio Público

EXCUBITUS derechos humanos en educación

Fundacion Aguaclara

Fundacion CIIDER

Fundación de Finaniamiento Rural (FUNDEFIR) Fundación EcoJuegos

Fundación Internacional Vida Verde (FUNVIVE)

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes

Humano Derecho Radio Estación

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Politicos -­‐ Invesp

Integración Nacional de Indigenas Originarios (INDIO) La Escuela de Ciudadanos

Laboratorio de Paz Liderazgo y Visión Movimiento A.C. Movimiento SOMOS

Mujeres Venezolanas en Acción

Nueva Esparta en Movimiento A.C

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR) Redes Ayuda

Revista SIC del Centro Gumilla

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Transparencia Venezuela Un Mundo Sin Mordaza Una Ventana a la Libertad

Unión Afirmativa de Venezuela

lunes, junio 05, 2017

viernes, mayo 26, 2017

Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela

6:41 p.m.

Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela


Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: "La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad".
Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:
Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).
Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.
A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.
Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.
Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.
Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.
El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.
Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.
En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.
Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.
Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.
Firman:
ORGANIZACIONES
1. A.C. H1nnova Lab
2. A.C. Phynatura
3. AC Una Montaña de Gente 
4. Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)
5. Acceso a la Justicia
6. Acción Campesina
7. Alianza Una Montaña de Gente - Observatorio Ambiental Venezolano.
8. Ascenso Centro de Aventura A.C.
9. Asociación Civil BioParques
10. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
11. Asociación Civil Núcleo de Geografía  Viva
12. Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)
13. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)
14. Asociación Mujeres en Línea
15. AVVA Frontera Gran Sabana
16. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
17. Ciudadanía y Libertad A.C.
18. Civilis Derechos Humanos
19. Coalición Clima21
20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Capítulo Mérida
21. El Zulia Recicla
22. Equipo de Proyectos y Asesoria Social (EDEPA)
23. Fundación Abrae
24. Fundación Aguaclara
25. Fundación Ecodiversa
26. Fundación EcoJuegos
27. Fundacion Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)
28. Fundación Mujeres del Agua
29. Fundesos
30. Gente de Soluciones
31. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela).
32. Laboratorio de Paz
33. Mesa Ambiental Nacional
34. Observatorio Ambiental Venezolano
35. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
36. Observatorio Venezolano de la Salud
37. Picnic Urbano de Maracay
38. PROVEA
39. Red Andina de DDHH (RADAR) 
40. Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)
41. Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)
42. Sinergia Asociación Civil
43. Sociedad Hominis Iura ( SOHI)
44. Stop VIH
45. Un Mundo Sin Mordaza
46. Una Ventana a la Libertad
47. UNIANDES
48. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
49. Oikos Consultores Rl
50. A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM) 
51. Grupo Ecológico San Pedro
52. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela

PERSONAS
1. Acianela Montes de Oca
2. Adriana Humanes, Ecóloga marina
3. Aime Tillett. Universidad Central de Venezuela
4. Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects
5. Alberto Blanco-Uribe Quintero, abogado ambientalista y profesor UCV de derecho constitucional
6. Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental
7. Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones 
8. Alejandro Luy, biólogo
9. Alejandro Suels Aranda, Ambientalista
10. Alexandra Álvarez-Muro, profesora jubilada de la Universidad de los Andes
11. Alfredo Lascautx , Delegado del partido Verede de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas
12. Ana Carolina Sotillo, empresaria
13. Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas.  Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV. 
14. Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario
15. Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.
16. Anibal Rosales, Ingeniero agrónomo, Experto en Suelos
17. Anita Méndez, Educadora Ambiental
18. Anna Sartorio de Ponte, ambientalista
19. Antonio José Alfonzo Paradisi, Profesor universitario
20. Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente
21. Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental
22. Azucena Martinez F. Ambientalista - Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea Nacional Constituyente 1999
23. Baumar Marín. Biólogo Marino, Investigador del IOV.UDO, Miembro Fundador A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)
24. Beatríz Esté
25. Beatriz Ivett Peraza,
26. Belkis Echenique Ingeniero Civil.
27. Bladimir Rodriguez, Biologo trabajo en el Museo Marino de Margarita
28. Carlos Giménez Lizarzado
29. Carlos Monedero - Profesor Titular UCV
30. Carlos Pelaez, Ecólogo.
31. Carlos Rivero Blanco
32. Carmelo Ecarri 
33. Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista
34. Cecilia Gómez Miliani, profesora universitaria, ambientalista. 
35. Cristina Díaz
36. Cristina Fiol, Lic. en Biología, Especialista y Consultor Ambiental y en Conservacion de Especies y Ecosistemas en Peligro. Libre Ejercicio.
37. Cristina Vaamonde, Ambientalista y defensora activa del Foro Penal Venezolano
38. Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb
39. Drai Cabello, ConBiVe
40. Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña
41. Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo
42. Eglee L Zent etnoecóloga
43. Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas
44. Emilio Vilanova. Profesor Agregado Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes. Estudiante PhD University of Washington
45. Emma Corina Salazar Suárez, Profesora universitaria, ambientalista, ecóloga autodidacta
46. Enrique Alberto Martín Cuervo
47. Enrique Farfan, Ambientalista,  luchador social y comerciante
48. Estrella Villamizar, Bióloga, Profesora Escuela de Biología y del Postgrado en Ecología de la UCV; Investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical.
49. Evelyn Rodríguez, Biólogo. UCV Ex funcionaria Ministerio del Ambiente.
50. Faruk Bagdah, Ambientalista
51. Francisco Provenzano Rizzi, Profesor Jubilado UCV, Doctor en Zoología
52. Franklin Daniel, GEUCA
53. Frendy Sanchez, Funvea
54. Frida Ayala
55. Gabriel Picón Nava, Profesor y Presidente de Fundación Dos Aguas,
56. Gabriela Croes Esté, Antropologa- UCV
57. Gedio Marin, Biologo Ecologo orinitologo, Prof. UDO, Miembro fundador de A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM)
58. Gloria Carucci, Bióloga UCV
59. Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela
60. Guayana Páez-Acosta, Sustainable Development, Partnerships and Philanthropy Professional.
61. Guiber Elena Mijares P., Docente UCV
62. Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación ambientalista Huerto Los Ayamanes.
63. Heidy Ramírez, periodista
64. Helios Zapata, Ambientalista y fotógrafo
65. Hernán Papaterra
66. Hildebrando Arangú Santelíz-MSc en Cs Ambientales- Profesor UCLA
67. "Inelba Mata, Ingeniero Municipal
Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta"
68. Iñaki Alberdi, Biólogo
69. Irama Ficht, Lic. en Arte. Coordinadora de Proyecto Escuelas Sotenibles. EDEPA
70. Isabel Novo, Biólogo
71. Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental
72. Jesús Delgado, Ambientalista, Geógrafo, Investigador docente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB - UCV)
73. Jesús F. Araujo Contreras, Ing. Forestal (ULA), MSc. en Manejo de Cuencas (ULA)
74. Joaquín Benítez. Profesor. Director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB
75. Jorge M. González, Ph.D., Profesor Universitario (California State University, Fresno, California, USA)
76. Jorge Cruz
77. José Carvajal, periodista
78. Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingenieria UCV
79. Juan Castillo Croes, Estudiante UCV
80. Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.
81. Juan M Posada. Ambientalista en el exilio
82. Judith Duran, ambientalista
83. Julio Alexander Parra Maldonado, Educador
84. Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,
85. Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental
86. Lucas Riestra, Abogado
87. Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecologico Salvemos al Mundo
88. Luis Souto, periodista
89. Luisa Villalba Márquez, profesora
90. Marco Paoletti, Ambientalista
91. María A. Oliveira M., Dra. Ciencias Biológicas, Libre ejercicio
92. María Delmira Cabrera C., Licenciada en Biología
93. Maria Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo Sostenible
94. María Esmeralda Mujica , Bióloga
95. María Gabriela Espinoza, Administradora
96. María Sánchez, Ambientalista, Geologo, Coordinadora de Proyectos Ambientales Del Instituto Municipal Ambiente Chacao
97. María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela
98. Maribel Garcia, Ambientalista
99. Marisol Aguilera, Profesora universitaria USB
100. Maritza Pulido Santana, Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO
101. Mauricio Iranzo Tacoronte, Profesor Jubilado, UCLA
102. Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental
103. Mercedes Corro, Abogada
104. Mercedes Diez, Abogada en el exilio
105. Miguel A Domador Fonseca, TSU Evaluacion Ambiental
106. Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo
107. Nalúa Silva Monterrey
108. Nélida Gruber
109. Nelson Gil Luna, Profesor Universitario. UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez
110. Nicla Camerín, Ambientalista
111. Omaira Delgado Rivas, Ambientalista
112. Omar Escalona, Fundacion Ambiental de Venezuela 
113. Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente
114. Pablo Lau, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
115. Pedro Gutierrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
116. Rafael E García, Consultor para áreas protegidas
117. Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo
118. Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.
119. Raul Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biologo UCV, MSc IVIC
120. Reyna Perez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio Chacao
121. Rita Marin , Directora de Estrategias A.C FUNDACION PEQUEÑOS GUARDIANES DEL AMBIENTE(FUNPEGUAM) 
122. Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario
123. Ruth Barrios, Fundacion Vida Verde  
124. Sandra Giner, profesora de la UCV
125. Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.
126. Shaenandhoa García Rangel, Biólogo en el exilio
127. Soledad Santamarina
128. Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora
129. Veronica Zarraga, Fundación Venezolana Ambientalista (FUNVEA)
130. Victor Juan Blanco Marquez. Agente de Extension Asuntos Marinos. University of Florida/Sea Grant Florida
131. Vilisa Morón Zambrano, Bióloga
132. Viviana Salas Martín , Bióloga 
133. Yani Cristina Aranguren Díaz, Bióloga
134. Yrama Capote, presidente del Grupo Ecológico San Pedro.
135. Yuraima Córdova de Colella. Bíólogo UCV. Profesora Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.
136. Zaida García, Profesora UPEL IPC

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