jueves, agosto 07, 2025
jueves, agosto 31, 2023
Conservación comunitaria: el proyecto que busca combatir la deforestación y la minería ilegal en la Guyana venezolana
- Luis Jiménez dirige Phynatura, una organización fundada en 2005 y que ha logrado la conservación de más de 150 000 hectáreas de bosque. También han conseguido que más de 200 familias abandonen la deforestación para agricultura extensiva, la cacería furtiva y la minería, para dedicarse al cultivo de árboles que dan frutos como la tonka (Dipteryx odorata) o la copaiba (Copaifera officinalis).
- Aunque enfrentan largos procesos de solicitud de permisos, Phynatura y las familias que apoya han conseguido exportar almendras de tonka y aceite de copaiba a empresas de perfume francesas.
Phynatura es una organización de la sociedad civil venezolana que lleva mas de 18 años dedicada a demostrar que es posible conservar ecosistemas y, al mismo tiempo, brindar alternativas económicas a la gente que habita en regiones que se distinguen por su biodiversidad.
Durante casi 20 años, la labor de esta organización ha sido crear alternativas productivas sostenibles para campesinos que deforestaban o practicaban la caza furtiva, y para mineros que quieren abandonar la actividad. Su trabajo se ha concentrado, sobre todo, en la cuenca baja del río Caura y, en general, en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Las alternativas económicas que impulsa la organización incluyen la producción de frutos como la copaiba (Copaifera officinalis), la tonka (Dipteryx odorata), el copoazú (Theobroma grandiflorum), el azaí (Euterpe oleracea) y el cacao orgánico.
La organización también han trabajado con comunidades de artesanos indígenas del pueblo ye’kwana, apoyándolos con recursos para la elaboración de piezas ornamentales con fibras, semillas y madera.
Los logros hablan por sí solos. En 2009, en el Bajo Caura, estado Bolívar, Phynatura junto con las comunidades afrodescendientes de Aripao crearon un área de conservación comunitaria de 150 000 hectáreas —que funciona por acuerdo entre familias— y que forma parte del sistema de áreas protegidas naturales de Venezuela.
“En nuestra área de conservación, la tasa de deforestación se ha venido reduciendo. Frente a las más de 300 hectáreas anuales deforestadas antes, en nuestro monitoreo del año pasado solamente tuvimos 42”, dice Luis Jiménez, fundador de la organización.
Mongabay Latam habló con este ingeniero agrónomo que, antes del recrudecimiento de la crisis económica venezolana, trabajaba en la restauración de ecosistemas en empresas mineras. Su misión de defender los bosques de la deforestación lo llevó a fundar Phynatura. Una de sus principales estrategias ha sido facilitar a las comunidades afrovenezolanas e indígenas del Bajo Caura una transición a actividades económicas sostenibles.
Luis Jiménez dirige Phynatura, una organización fundada en 2005 y que ha logrado la conservación de más de 150 mil hectáreas de bosque. Crédito: Fritz Sánchez.
—¿Cuál es el principal objetivo de Phynatura?
—Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro dedicada a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Nuestro principal proyecto es de desarrollo sostenible con comunidades indígenas y campesinas en la Guayana venezolana [ubicada al sureste del río Orinoco y que forma parte del Escudo guayanés que comparte con Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil]. Fundamos Phynatura en el año 2005 y hemos concentrado esfuerzos en el bajo Caura, donde ha habido afectaciones al medio ambiente por agricultura y minería.
La cuenca del Caura es muy importante en Venezuela, estamos hablando de cerca de cinco millones de hectáreas, de un río que tiene una longitud cercana a los 900 kilómetros y que cuenta con un caudal muy alto. Por lo tanto, tiene un potencial hidrológico importante como reserva de agua dulce.
—¿A qué se dedicaban los agricultores del Bajo Caura?
—Se dedicaban principalmente a la agricultura de subsistencia. Deforestaban cada año cerca de 300 hectáreas de bosque, porque también había presión para la adquisición de la tierra por parte de promotores de la agricultura extensiva. Ellos negociaban con las comunidades indígenas y campesinas para sembrar grandes cultivos, sobre todo de ocumo y de ñame [especies de tubérculos]. Esos cultivos tienen la particularidad de que, si son usados de manera extensiva, suelen agotar muy rápidamente los suelos del bioma amazónico.
—¿Dónde se consumían esos productos?
—Eran para el consumo nacional. El mayor demandante de esos tubérculos era Caracas y las ciudades principales del país. De esa zona [del Bajo Caura] salía al menos el 90 % del ocumo y ñame que se consume en Venezuela.
—¿Qué llevó a que los campesinos decidieran dejar la deforestación?
—Les demostramos cómo con otras alternativas económicas sostenibles se podían tener ingresos, inclusive muy superiores a las actividades de amenaza del medio ambiente que practicaban.
Es una cuestión de educación. La gente comienza a tener otra visión del bosque, no verlo como un estorbo, sino que también es una fuente de sostenimiento familiar. Empiezan a ver que si cortan un árbol, como la sarrapia, este solamente les da 200 dólares y necesitan otro árbol para obtener ese mismo dinero. En algún momento, los árboles se les acaban y se quedan sin dinero. Mientras que, sin talar ningún árbol, cada uno de esos árboles les va a dar esos 200 dólares al año. A largo plazo es más provechoso. Eso les hace ver que ellos y sus hijos pueden vivir de eso.

—¿Por qué se concentraron en trabajar con la tonka y la copaiba?
—Son dos frutos no maderables, es decir, que no requieren la tala. Los frutos se escogieron por un análisis de variables ambientales. La almendra de tonka nos la compra una empresa de perfumes francesa. La trabajan familias campesinas del pueblo afroscendiente Aripao y la comunidad indígena La Colonial, del pueblo piapoco, que llegaron desplazados del conflicto armado en Colombia y se ubicaron en el Bajo Caura.
El fruto de tonka, cuando está maduro, cae del árbol y luego hay un proceso de fermentación. Después va el pisado donde lo golpean con un martillo o piedra para extraer la almendra, que posteriormente pasa al proceso de secado. De ahí va a una bodega, para luego ingresar en los contenedores de exportación. La tonka se da una vez al año, entre enero y mayo.
—¿Y qué se hace con la copaiba?
—Se extrae su aceite. A la corteza del árbol se le hace una perforación pequeña de un diámetro máximo de una pulgada y una profundidad máxima de 50 centímetros. Se aprovecha ese aceite o resina y nos la compra la misma empresa perfumera. El aceite, además, tiene beneficios farmacéuticos pues es un poderoso cicatrizante, antiinflamatorio y antiséptico. Hay mucha competencia para vender a las perfumeras, porque las empresas prefieren el bálsamo de tolú de Honduras y Colombia, pero ese no cubre toda la demanda, por lo que se complementa con este producto venezolano.
La tonka de Venezuela, en cambio, es exclusiva y la demanda que no se cubre la suple Brasil con una especie menos preferida por la empresa. Son árboles tradicionales de la zona, están ahí hace tiempo.
—¿Qué tan fácil es obtener los permisos gubernamentales de venta de tonka y copaiba hacia el exterior?
—Puede llevar hasta nueve años tener los permisos.
—Ahora que las familias dejaron la deforestación, ¿dónde tienen sus cultivos y sus vacas?
—Los conucos (cultivos) están dentro de una fracción del terreno en el área de conservación [de 150 000 hectáreas]. Las vacas las tienen en pequeñas fincas fuera del área, aledañas a esta.
—Además de las 150 000 hectáreas que tiene el área de conservación comunitaria, ¿qué tanto bosque están ayudando a proteger?
—Con nuestros proyectos de sistemas agroforestales, aprovechamiento sostenible de productos no maderables y manejo sostenible de materias primas para artesanías, hemos contribuido en la conservación de cerca de 650 000 hectáreas en el Alto Caura y casi 150 000 en el Bajo Caura con los acuerdos de conservación comunitaria y suministro sostenible de tonka y copaiba en el área de conservación comunitaria que es reconocida por el Estado. Allí, la tasa de deforestación se ha venido reduciendo. Frente a las más de 300 hectáreas anuales deforestadas antes, en nuestro monitoreo del año pasado solamente tuvimos 42.

—¿Con cuántas familias han trabajado?
—Hemos interactuado con muchísimas familias en el Caura. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando con 200 familias, pero hubo un momento en que llegamos a trabajar con 900. En el caso de las familias mineras es muy difícil que dejen la actividad, porque los ingresos económicos son muy altos y es imposible que una alternativa sostenible los iguale. Pero con los agricultores que deforestaban es más viable. También con los que practicaban la cacería furtiva y que ya dejaron de practicarla.
—¿También han trabajado con mineros?
—Sí, en una zona más hacia el este, en la frontera con Guyana. Es la zona de mayor potencial minero de Venezuela, la llamada zona minera del kilómetro 88.
—¿Cómo ha convencido a los mineros para que dejen el oficio?
—Les propongo una vida más sana y menos peligrosa, contraria a la del minero. Y les ofrecemos apoyo económico con el fondo de recursos para proyectos con la sarrapia (Dipteryx odorata) —el árbol que da la tonka— que les permite resolver sus necesidades inmediatas.

—¿Dónde más se practica la minería en la zona?
—En el Parque Nacional Caura, pero es totalmente ilegal porque es un área protegida. Caura fue declarado como parque nacional en el año 2017 para protegerlo de la amenaza de la minería que se ha fortalecido en todo Venezuela, luego de la creación del Arco Minero del Orinoco.
—Es común escuchar que existe una relación entre agricultura y minería en este parque nacional. ¿Es cierto?
—En este momento es así. El principal promotor de la expansión de la frontera agrícola es la minería. Son ellos quienes tienen el dinero y generan la demanda. Se habla de más de 12 000 mineros en el Caura.
—¿Qué otra área protegida tiene afectaciones por minería?
—El Parque Nacional Canaima, que es emblemático en el sentido de que tiene la cascada del Santo Ángel, el principal atractivo turístico internacional de Venezuela. Allí se habla de la presencia de más de 30 000 mineros. En el Parque Nacional Cerro de Yapacana se dice que hay más de 15 000.

—Otro problema en la zona es la cacería, ¿a qué se debe el auge de esta actividad?
—Cuando comenzamos a trabajar en la cacería furtiva, esta era promovida por restaurantes especializados y había más de 60 familias dedicadas a esta actividad. En las ciudades muy pujantes como Ciudad Guayana, particularmente en sus sectores Puerto Ordaz y San Félix, funcionaban las empresas reductoras de aluminio, la industria siderúrgica. Entonces, la ciudad demandaba muchos alimentos. Muchos de los empleados y obreros de esas empresas venían del campo y por tradición comían carne de monte. Comían tapir (Tapirus terrestris), lapa (Cuniculus paca), entre otros.
Otra especie que cazaban era la tortuga arrau (Podocnemis expansa), que se enviaba antes a Asia para su consumo.
—¿Qué iniciativas vienen en camino?
—En el estado Amazonas, que es el otro que compone la Guayana venezolana y es un territorio multiétnico indígena, estamos proponiendo un acuerdo de conservación similar, con aprovechamiento sostenible de productos no maderables del bosque. Ya está definida un área de conservación de 197 000 hectáreas y estamos a la espera de las decisiones estatales permitan su creación, lo cual aún no tiene una fecha clara.
*Imagen principal: Almendra de sarrapia en manos de niño de Aripao, Aripao, Bajo Caura. Crédito: Luis Jimenez y Phynatura.
jueves, marzo 02, 2023
miércoles, noviembre 16, 2022
martes, abril 26, 2022
En Colombia, Perú y Venezuela es inaplazable la ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú
25 ABRIL, 2022
Más de 100 organizaciones y activistas de derechos humanos del mundo exigen que Colombia, Perú y Venezuela ratificar el Acuerdo de Escazú para mitigar la violencia contra defensores ambientales, garantizar el derecho a información del medioambiente y recursos naturales, incluir a las poblaciones y comunidades indígenas en las decisiones ambientales, y garantizar la justicia ambiental en las regiones
Con gran preocupación, el Observatorio para la defensa de la vida – ODEVIDA registra el aumento de violencias en contra de personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia, Perú y Venezuela. Especialmente, en contra de líderes y lideresas que defienden el medioambiente y el territorio en el marco de una crisis climática que afecta la vida en la región.
Para el ODEVIDA es de la más alta urgencia que los gobiernos de la región se obliguen a cumplir lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú como un primer paso para mitigar la violencia. En el caso de Colombia y Perú es importante que los Estados avancen en la ratificación del tratado, previamente firmado por estos y en el que ambos tuvieron calidad de negociadores. En el caso venezolano, es urgente que el gobierno se adhiera al Acuerdo, lo cual genera los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Es tiempo de que los países del sur reconozcan que este tratado es imperativo para garantizar la labor de activistas ambientales y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.
El Acuerdo de Escazú contempla el compromiso con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, tres pilares fundamentales para consolidar la discusión sobre asuntos ambientales que debemos tener en este momento histórico al que asistimos como humanidad. No podemos posponer lo inaplazable. Esta es la oportunidad para que América Latina y el Caribe lideren la discusión. Cabe decir que este instrumento es el primero sobre asuntos ambientales en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Con respecto al acceso a la información ambiental, los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho del público a informarse sobre cualquier materia relativa al medioambiente y a los recursos naturales, incluyendo los riesgos e impactos adversos que pueden afectar el medio ambiente y la salud. Nunca había sido tan necesaria la generación, divulgación y accesibilidad a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad como ahora.
En segundo lugar, los gobiernos tienen el deber de garantizar la participación abierta, incluyente y efectiva de poblaciones y comunidades en la toma de decisiones ambientales sobre la base de una información clara, precisa y verídica.
En tercer lugar, los gobiernos deben asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y a cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.
Con respecto a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que organizaciones defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entre estas garantías prima el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente. Los y las defensoras del Sur Global constituyen la primera línea de defensa frente a la depredación ambiental impulsada por la economía extractivista.
Las siguientes organizaciones sociales, políticas, civiles y comunitarias, organizaciones no gubernamentales y plataformas por los derechos civiles y políticos firman este comunicado instando al gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez; al gobierno peruano en cabeza de Pedro Castillo Terrones; y al gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro Moros a ratificar o adherirse al Acuerdo de Escazú como camino para liderar desde América Latina y el Caribe la transformación que necesitamos como humanidad para superar la crisis climática y construir un porvenir ecológico.
Suscriben
Organizaciones internacionales
1. American Development Association in Europe (ADAE)
2. C.O.I.D.H.ARGENTINA
3. Emprender ONG
4. Centro de desarrollo humano
5. CLIMALAB
6. Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR)
7. TELKES ENERGY
8. Movimiento ambientalista sanfraciscano MAS
9. 350.org
10. Voces de género
11. Embajadores del Orinoco
12. Derecho, Interculturalidad y Ambiente (DIA)
13. Derechos Humanos sin Fronteras
14. FUNDACION ECUMENICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ
15. GRUFIDES
16. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
17. Red Muqui
18. We World
19. Cuencas Sagradas
20. Fundación ASTUR
21. Sociedad Amigos del Viento
Organizaciones venezolanas
1. Acceso a la Justicia
2. Acción campesina
3. Alianza para la Acción Climática Venezuela
4. Aquí cabemos todos
5. Asociación Civil Educativa Pequeños Científicos
6. Asociación Civil Mujeres en Línea
7. ASOCIACIÓN CIVIL NUPAZ
8. Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
9. Caleidoscopio Humano
10. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
11. Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes
12. Centro de Desarrollo Humano. CDH/ Honduras
13. Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer CISFEM
14. Centro para la Paz y los Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela
15. Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
16. CEPAZ
17. Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
18. Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy
19. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
20. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Merida
21. Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
22. Comité DDHH Parroquia La Vega
23. Comité de DDHH «La Carucieña»
24. Comité para la defensa de los derechos humanos Parroquia Coche
25. Consejo Comunal Sorocaima
26. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
27. DefensActiva
28. Defiende Venezuela
29. Ecodesarrollo 2000
30. EDEPA A.C.
31. EPIKEIA Derechos Humanos
32. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
33. FUNCAMAMA
34. Fundacion Agua Sin Fronteras
35. Fundacion Aguaclara
36. Fundación Basura Cero
37. Fundación Caribe Sur
38. Fundación Centro Gumilla
39. Fundación Embajadoras Venezuela Sostenible EVS
40. Fundación Lucelia
41. Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
42. Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
43. Fundación Pro- Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez
44. Fundación Tierra Viva
45. Fundación Váyalo
46. Fundación Vida Verde Funvive
47. Fundaval
48. Geografía Viva
49. Guardianes del Bosque
50. Manifiesta
51. Movimiento Ciudadano Dale Letra
52. MOVIMIENTO CIUDADANO UNIENDO VOLUNTADES
53. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
54. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
55. Observatorio Penal Merida OPEM DDHH
56. OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS)
57. Observatorio Venezolano de Prisiones
58. OdecorpUnimet
59. Odevida, Capítulo Venezuela
60. OGCD
61. Phynatura, A.C.
62. Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
63. PROMEDEHUM
64. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos | PROVEA
65. Red de Economía Circular
66. Red Internacional de Promotores ODS capítulo Venezuela
67. Reflejos de Venezuela
68. RENUPAZ
69. Reunificados ORG
70. Sinergia
71. SOCIEDAD HOMINIS IURA (SOHI)
72. Tuboacero, C. A.
73. Unión Afirmativa
74. Universidad Nacional Experimental del Táchira
75. AMBAR Asociación Civil
76. Todos por el Futuro
77. Convive